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LA RENTA BÁSICA SI SE PUEDE FINANCIAR

Una renta básica por sólo 24.000 millones

JORGE OTERO

Frente al argumento de que la medida sería inviable por su alto coste, un estudio elaborado por expertos de la organización Red Renta Básica demuestra con datos reales que la implantación de una renta Básica reduciría la desigualdad y sacaría de la pobreza a muchas personas

 De la mano de Podemos en los últimos meses la creación de una renta básica universal para todos los ciudadanos ha entrado con fuerza en la agenda política española. El debate viene de antiguo pero en estas últimas semanas ha tomado vuelo y se ha centrado en el coste que tendría para las arcas públicas la introducción de esta medida. Sus detractores dan por supuesto que no hay dinero para pagarla: argumentan que habría que poner al menos 145.000 millones de euros sobre la mesa. Los partidarios, en cambio, lamentan la falta de rigor del debate: afirman que esa cifra parte de unos cálculos erróneos que no tiene en cuenta otros parámetros y defienden que la renta básica es viable, racional y mucho más barata de lo que se ha dicho en los medios de comunicación.

"El asunto de la renta básica se está abordando de forma muy superficial. Decir que costaría 145.000 millones de euros carece de fundamento", afirma Daniel Raventós, profesor de Economía y Empresa en la Universidad de Barcelona y presidente de la Red Renta Básica, la sección española de la Red Mundial de Renta Básica. Esta organización propone que cada ciudadano mayor de edad perciba 7.421 euros al año libres de impuestos como asignación incondicional. Los menores percibirían el 20% de esa cantidad hasta cumplir los 18 años.

¿Puede un país como España asumir esa medida? Para Jordi Arcarons, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona y miembro también de la Red Renta Básica, no hay duda: "La renta básica se puede financiar".

Raventós y Arcarons hablan avalados por los datos. Ellos dos, junto al profesor Lluís Torrens, de la Universidad Pompeu Fabra y al catedrático Antoni Domènech, de la Universidad de Barcelona,han elaborado un completo estudio de simulación que cuantifica el coste de la renta básica. Es el primero que se realiza en España con datos reales sacados de una muestra de la declaración del IRPF del año 2010 de todo el país salvo Navarra y Euskadi (excluidas del estudio por su particular régimen foral). Es de ese estudio de simulación de donde ha surgido la cifra de 7.421 euros.

Y las cuentas les salen, siempre que se cumplan al menos dos premisas: considerar que la renta básica es un complemento que elimina todas las demás prestaciones por debajo de 7.421 euros y acometer una profunda reforma del sistema fiscal. Además, en ese estudio no se ha tenido en cuenta otras cuestiones que los dos autores califican de "intangibles" como la lucha contra el fraude: eso significaría más dinero y abarataría aún más la renta básica.

Para Arcarons la confusión sobre la viabilidad de la medida nace, pues, de unos supuestos erróneos: "La gente que dice que no se puede pagar multiplica el número de habitantes en España por la cuantía de renta básica a percibir, es decir por los 7.421 euros que proponemos. La cifra es abultada, pero es también engañosa. El coste no se mide así. La renta básica universal es un complemento; de esta forma el Estado se ahorraría 93.140 millones de euros en todas aquellas prestaciones, pensiones, subsidios y ayudas por debajo de 7.421 euros anuales. Además, habría que hacer una profunda reforma fiscal que implicaría una transferencia de renta de 35.000 millones del 10% más rico de la población a las capas menos favorecidas. A final, el coste real para el Estado estaría sobre los 24.000 millones de euros".

Para estos profesores no se trata de pagar a tocateja 145.000 millones, sino de una mejor distribución de los recursos. Arcarons pone un ejemplo muy ilustrativo que ayuda a entender el carácter complementario y racional de la renta básica: "Una persona que cobrase una pensión no contributiva de 3.000 euros anuales ganaría 4.421 euros más, hasta llegar a los 7.421. Al ser esa pensión inferior a la cuantía de la renta básica, esa pensión se eliminaría y eso supone un ahorro. ¿Qué ocurre con las pensiones y ayudas que están por encima? Pongamos que una persona cobra una pensión de 14.000 euros al año. Nosotros decimos: 7.421 los cubre la renta básica sin tributar y el resto lo debe seguir pagando el Estado, pero éste se ahorra casi otros 7.000 euros". Y así, hasta 93.000 millones de ahorro.

En cuanto a la reforma fiscal que propone la Red Renta Básica, ésta contemplaría un tipo único nominal del 49,5% para todos, con independencia de sus ingresos. La propuesta puede parecer regresiva, pero tanto Arcarons como Raventós señalan que ocurriría justo lo contrario, que los más ricos tendrán que pagar más: "Nuestro estudio de simulación demuestra que casi el 70% de los declarantes del IRPF saldrían beneficiados con una renta básica, es decir, ganarían más dinero. Un 20% permanecería igual y sólo el 10% más rico perdería".

"Nuestra propuesta es progresiva porque implica la transferencia de renta neta de los más ricos a las capas más pobres de la población. Así lo demuestra nuestro estudio", abunda Arcarons. "El 49,5% sería un tipo regresivo si no existiera la renta básica, pero ésta lo compensa con creces, sobre todo a los que menos tienen. Además, muchas deducciones actuales del IRPF ya son regresivas porque benefician a los que tienen más capacidad de ahorro; nosotros eliminaríamos esas deducciones", concluye Raventós.

Incondicional

Otro elemento del debate que se ha generado en las últimas semanas ha girado en torno a qué tipo de renta básica se debe implantar: si debe ser incondicional o centrase sólo en aquellos ciudadanos que estén bajo el umbral de la pobreza o en riesgo de exclusión.

Arcarons y Raventós defienden el carácter incondicional y universal de la renta básica porque la hace más racional. "Aquí asistimos a lo que en ciencias sociales se denomina la trampa de la pobreza. Si una persona debe reunir una serie de requisitos para recibir una ayuda o un subsidio, éste desaparecerá en cuanto esa persona no los reúna o encuentre un trabajo aunque sea precario y temporal. Si pierde ese empleo tendrá que entrar de nuevo en la rueda, y volver a esperar. Además, las ayudas condicionadas tienen un coste administrativo que el Estado debe pagar", sentencia Arcarons.

En ese sentido, la propuesta de Podemos de una renta mínima garantizada para los más desfavorecidos, modulando la inicial de una renta básica universal que la formación de Pablo Iglesias incluyó en su programa para las elecciones europeas, les parece insuficiente. Sin embargo, ni Arcarons ni Raventós descartan que Podemos incluya finalmente una propuesta de renta básica universal en su programa para las próximas elecciones generales: "Sus propuestas económicas de momento son un borrador. Pero muchos miembros de los círculos de Podemos aún mantienen la expectativa de implantar una renta básica y creo que el debate sigue abierto en la formación", asegura Arcarons.

Raventós propone como alternativa la introducción progresiva de la renta básica: "Podría implementarse una renta básica para los mayores de 65 años y los menores de 25 años, por ser los colectivos más vulnerables. En una fase posterior podría ampliarse al resto de la población".

El coste de la renta básica aún tiene muchos detractores, pese a que sus efectos serían más que visibles en una sociedad tan azotada por la crisis por la española: "Una renta básica reduciría la desigualdad en España a los niveles de los países nórdicos". Pero todos los partidos se fijan en el coste de la medida no en sus virtudes y discuten sobre su viabilidad. "¿Tiene visos de poderse aplicar?", se pregunta Arcarons. Él mismo se responde: "Sin duda es una medida costosa, pero es posible y asumible". 

Los desahucios aumentan un 7,3 % en el tercer trimestre con respecto a 2013

El número total de lanzamientos practicados entre julio y septiembre de este año fue de 13.341

En los nueve primeros meses de 2014, el 43,4% del total de desahucios corresponde a ejecuciones hipotecarias y el 51,3% a impagos de alquiler

Desde enero de 2008 hasta septiembre de 2014 se contaron en España 360.125 lanzamientos, según las estadísticas del órgano judicialEl número total de desahucios practicados entre julio y septiembre de este año fue de 13.341, lo que supone un 7,3% más que en el mismo periodo de 2013, según la estadística presentada hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde enero de 2008 hasta septiembre de 2014 se contabilizaron en España 360.125 lanzamientos, según las estadísticas elaboradas por órgano judicial.

Según el informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales correspondiente a los nueve primeros meses de 2014, del total de lanzamientos (que incluyen todo tipo de inmuebles, no solo viviendas), el 43,4% se derivó de ejecuciones hipotecarias y algo más de la mitad, un 51,3%, se produjo por impagos del alquiler y el 5,2% restante obedeció a otras causas.

En este sentido, la estadística pone de manifiesto que los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 22,1%, mientras que los acordados en procedimientos regulados en la Ley de Arrendamientos Urbanos disminuyeron un 4,2%.

Este nuevo incremento se suma a una lista de cifras sobre desahucios que no siempre coinciden. Es dato todavía es difícil de calcular ya que los organismos que miden este aspecto, como el CGPJ, el Banco de España y ahora el INE, no toman la misma la vara de medir.

Por comunidades autónomas, los nuevos datos del CGPJ recogen que en Cataluña se produjeron el 22,2% del total, seguida de la Comunidad Valenciana, con el 16,4%; Andalucía, con el 15,8%, y Madrid, con el 11,6%.

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias iniciadas en este tercer trimestre, la cantidad ascendió a 16.767, lo que supone el 1,4% menos que en el mismo periodo del año anterior.

No obstante, atendiendo a la evolución interanual, destacan los datos de Extremadura y Baleares, con un aumento respecto al tercer trimestre de 2013 del 46,6 % y del 45,2 %, respectivamente, además de Aragón (31,3 %), Murcia (21 %) y Asturias (17 %).

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque el órgano de gobierno de los jueces advierte de que éstos no existen en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica valores absolutos.

De esta forma, y bajo la premisa de que un lanzamiento solicitado a un servicio común no supone que éste lo haya ejecutado, los datos arrojan que el número de lanzamientos pedidos a los servicios comunes fue de 13.342 (un 6,1 % menos), de los que 8.851 terminaron con cumplimiento positivo, un 23,1 % más.

Por otra parte, los procedimientos monitorios (mediante los cuales se reclaman deudas personales vencidas) presentados en los juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 144.262, lo que se traduce en un incremento de 14,5 %.

el diario .es

Bienestar Social cifra en 1.300 las familias con ayudas por 'pobreza energética'

NAVARRA _ El consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, ha informado hoy de que en la actualidad son 1.300 las familias que en Navarra reciben una ayuda económica específica para combatir la pobreza energética. PAMPLONA. Alli ha indicado en el pleno del Parlamento a preguntas del PSN que en la Comunidad Foral hay tres paquetes de medidas contra la pobreza energética. Y ha precisado que estas pasan por la contratación de personas con renta de inclusión social, el desarrollo de un protocolo a firmar con empresas suministradoras de gas, luz y agua, y una ayuda económica extraordinaria para familias sin recursos para el pago de estos suministros que ya ha dado cobertura a 1.300 familias. Además, según ha indicado Íñigo Alli, se va a estudiar también con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, el establecimiento de un precio especial en el transporte público para este colectivo de personas.

La asociación Renta Básica Denontzak solicita ampliar la edad para recibir la prestación

CON EL APOYO DE MÁS DE UNA TREINTENA DE ENTIDADES

La asociación Renta Básica Denontzak, con el apoyo de más de una treintena de asociaciones y sindicatos, ha registrado en el Parlamento de Navarra un manifiesto en el que insta a ampliar los tramos de edad para poder recibir la Renta de Inclusión Social.

PAMPLONA. En concreto, esta asociación reivindica que se amplíe la edad de percepción a los mayores de 65 años y los menores de 25, siempre que sean mayores de edad.

"Hay población mayor de 65 años que lo está pasando muy mal con pensiones no contributivas de 360 euros al mes que no pueden sobrevivir ni vivir con dignidad", ha afirmado la portavoz de la asociación, Marisol de la Nava.

Renta Básica Denontzak considera que Navarra "tiene que tener una ley que proteja a todas las personas y familias que se encuentran en precariedad", ya que "la situación sigue siendo bastante grave y los datos que se aportan siguen siendo malos en cuanto a la pobreza y la desigualdad social".

Según De la Nava, la ley que surja de la modificación, "tiene que estar dirigida a todas las personas mayores de 18 años que lo necesiten y no tiene que tener límites en cuanto al tiempo de concesión hasta que la situación de estas familias mejores y puedan trabajar".

Renta Básica Denontzak, además, ha denunciado los continuos cambios en la legislación, lo que "ha dejado fuera a muchas personas". Consideran que "no es una situación que las familias tengan que vivir, además de con la situación precaria, con esta incertidumbre".

Una vez registrado el manifiesto, los responsables de Renta Básica Denontzak esperan que la propuesta sea aceptada "apelando a la responsabilidad social de todos los grupos parlamentarios y recordándoles la obligación que adquieren con la sociedad de velar por el cumplimiento no sólo de las leyes forales, sino de aquellas que garantizan derechos básicos y que se sitúan por encima de cualquier necesidad de ahorro y recorte".